La salud mental no es un lujo, es un derecho que el Estado peruano ha fallado en garantizar. Y mientras no entendamos que la salud mental no es un lujo sino una obligación pública, seguiremos normalizando el abandono de millones de peruanos. Durante años trabajando en programas sociales del Estado, aprendí algo fundamental: las políticas públicas que no llegan a la gente son solo papeles bien escritos.
Cuando asistí a la inauguración de algunos Centros de Salud Mental Comunitarios en Lima, sentí esperanza. Finalmente, pensé, el Estado respondía a una deuda histórica. Pero cuando supervisé la implementación de programas de acompañamiento familiar en zonas rurales, la verdad me golpeó: de cada 10 peruanos que necesitan ayuda profesional en salud mental, 8 nunca cruzarán la puerta de un consultorio. No porque no quieran. Porque ese consultorio simplemente no existe, o si existe, no tiene psicólogo, o si tiene psicólogo, no hay medicamentos.
Esta brecha del 80% no es una estadística fría. Se manifiesta en el adolescente de Huancavelica que intenta suicidarse sin que nadie lo haya escuchado jamás. También aparece en la madre en Loreto que sufre depresión severa pero no tiene a dónde ir. Y alcanza al niño en Lima Sur cuyo trauma por violencia nunca será tratado porque el único Centro de Salud Mental Comunitario está a tres horas de bus.
El diagnóstico: Cuando el Estado promete pero no cumple en salud mental
Los números que nos avergüenzan
Los datos son brutales y claros. En 2024, los establecimientos de salud atendieron más de 1,300,000 casos de trastornos mentales. Parece mucho, ¿verdad? Pero cuando sabemos que 1 de cada 5 peruanos padece algún trastorno mental diagnosticable, entendemos que esto es apenas la punta del iceberg.
Solo en 2024, se atendieron más de 250,000 casos de depresión. Esta enfermedad no solo destruye vidas; devasta economías familiares, causa ausentismo laboral y trunca el desarrollo de niños y adolescentes. Y mientras tanto, el sistema de salud mental opera con una brecha estructural alarmante.
Hoy tenemos aproximadamente 291 Centros de Salud Mental Comunitarios operativos. Pero según estándares internacionales y nuestras propias necesidades, deberíamos tener cerca de 681 centros. Nos faltan casi 400 establecimientos,un déficit del 57% que condena a regiones enteras de la sierra y selva a la exclusión total.
¿Por qué existe este abandono?
No es solo falta de dinero. Es falta de voluntad política y gestión efectiva. El presupuesto de salud mental representa apenas entre 1.5% y 2% del presupuesto total de salud, muy lejos del 5-10% recomendado internacionalmente. Y lo peor: los Gobiernos Regionales devuelven dinero sin ejecutar porque no tienen capacidad técnica para armar proyectos.
Pero hay algo más grave: la guerra gremial entre médicos y psicólogos por quién puede diagnosticar. Mientras el Colegio Médico defiende que solo los psiquiatras pueden diagnosticar (y hay menos de un psiquiatra por cada 100,000 habitantes fuera de Lima), miles de personas esperan. La burocracia mata más que la enfermedad.
Y cuando finalmente un paciente llega al centro de salud, se encuentra con farmacias vacías. La ausencia crítica de medicamentos básicos como sertralina, fluoxetina y litio obliga a las familias pobres a decidir entre comprar comida o comprar el antipsicótico en farmacias privadas, donde el precio puede ser 500% más alto.
Lo que aprendí en el campo
En mi experiencia supervisando la implementación de programas de transferencias condicionadas en FONCODES y el MIDIS, vi cómo las políticas diseñadas en Lima chocaban contra realidades que sus creadores nunca imaginaron. Vi comunidades andinas con tasas de depresión superiores al 40% que nunca usaban los servicios de salud porque el personal no hablaba quechua. Vi a adolescentes LGTBIQ+ rechazar la atención porque los profesionales los patologizaban por su identidad de género.
Aprendí que no basta tener la ley más garantista de América Latina (y la tenemos: la Ley N° 30947 de Salud Mental de 2019). Si esa ley no se ejecuta con recursos, con enfoque intercultural, con capacitación del personal y con fiscalización férrea, es solo un papel bonito que nadie lee mientras la gente sufre.
Mi propuesta: Garantizar que la salud mental no sea un lujo
Necesitamos pasar de las promesas a los hechos. Y como Senadora, tendré el poder para hacerlo realidad.PILAR 1: Presupuesto Protegido e Incremental
Desde la Comisión Bicameral de Presupuesto, ejerceré mi facultad constitucional de examinar y aprobar el Presupuesto Nacional antes de que entre en vigor. Esto significa que cada año, cuando el Poder Ejecutivo presente su proyecto de presupuesto, revisaré técnicamente que el Programa Presupuestal 0131 de Salud Mental cuente con asignaciones suficientes y protegidas. Si el presupuesto propuesto es insuficiente, usaré mi voto en la Comisión para exigir incrementos progresivos hasta alcanzar estándares internacionales del 5% del presupuesto sectorial.
Además, mediante el examen de la Cuenta General de la República, fiscalizaré que cada sol asignado a salud mental sea efectivamente ejecutado. Cuando los Gobiernos Regionales devuelvan dinero sin gastar, exigiré explicaciones públicas y recomendaciones vinculantes desde la Contraloría—porque no podemos seguir permitiendo que devuelvan recursos mientras la gente se muere esperando.
PILAR 2: Resolución Pragmática del Conflicto de Competencias
Trabajaré con la Cámara de Diputados para que se presente una reforma consensuada del Artículo 25 de la Ley 30947, y cuando esta llegue al Senado, ejerceré mi función revisora con rigor técnico, garantizando que reconozca la capacidad diagnóstica del psicólogo clínico certificado para trastornos no orgánicos, reservando la prescripción farmacológica y casos complejos al psiquiatra. No podemos seguir defendiendo purezas gremiales mientras miles de peruanos quedan sin diagnóstico.
La Contraloría ya alertó que muchos Centros de Salud Mental Comunitarios funcionan sin el equipo completo. Como Senadora revisora, garantizaré que esta reforma sea técnicamente sólida y desbloquee el acceso inmediatamente en el primer nivel de atención.
PILAR 3: Seguridad Farmacéutica y Shock de Infraestructura
Promoveré que se legisle para declarar los psicofármacos esenciales como bienes estratégicos del Estado. Como Senadora, cuando estas propuestas lleguen a revisión, garantizaré su aprobación técnica rigurosa, asegurando mecanismos de compra internacional rápida (vía OPS) ante riesgos de desabastecimiento, saltando las trabas de la Ley de Contrataciones del Estado que hoy causan sufrimiento innecesario.
Paralelamente, apoyaré la declaratoria de interés nacional para la construcción de los 400 Centros de Salud Mental Comunitarios faltantes, y desde la Comisión Bicameral de Presupuesto, fiscalizaré que se facilite el uso de Obras por Impuestos para que el sector privado financie infraestructura a cambio de créditos fiscales. Ayacucho ya demostró que es posible: con 8 centros (incluyendo el "Allin Yuyay Wasi" intercultural), superaron la cobertura de distritos ricos de Lima. Si ellos pudieron, todo el Perú puede.
¿Por qué esta propuesta es viable?
Porque conozco el sistema desde dentro. Gestioné presupuestos de programas sociales en FONCODES, supervisé la articulación entre niveles de gobierno, y sé exactamente dónde están los cuellos de botella administrativos que impiden que el dinero llegue a la gente.
Desde el Senado, como miembro de la Comisión Bicameral de Presupuesto, tendré la facultad constitucional de revisar técnicamente el presupuesto nacional antes de su aprobación final, garantizando que las asignaciones para salud mental no sean recortadas ni ejecutadas ineficientemente. No será solo fiscalización de papel—será control real con consecuencias.
El Perú que construiremos juntos: Cuando la salud mental no es un lujo
Imagina un Perú donde un adolescente en Puno pueda acceder a terapia psicológica sin viajar 8 horas. Donde una madre en Loreto encuentre atención en quechua o shipibo. Donde un joven trans en Lima no tenga miedo de buscar ayuda porque sabe que será tratado con dignidad.
Ese Perú no es una utopía. Es el resultado de aplicar con rigor lo que la ley ya manda: descentralizar recursos, respetar la diversidad, asegurar medicamentos y poner al paciente—no a la burocracia—en el centro del sistema.
Mi Compromiso
Soy Cecilia Villanueva Oshiro. Psicóloga colegiada, magíster en Gestión de Políticas Públicas, y alguien que ha visto tanto el diseño de políticas en escritorios limeños como su implementación en comunidades olvidadas. No llego al Senado a aprender sobre la marcha. Llego con 15 años de experiencia en gestión pública y la claridad de que el Estado puede funcionar—si quien lo dirige conoce sus mecanismos y tiene voluntad de cambio.
Desde el Senado Nacional
Como Senadora, mi función será revisar técnicamente las leyes sobre salud mental antes de que entren en vigor, garantizando su calidad y viabilidad. Como miembro de la Comisión Bicameral de Presupuesto, controlaré que el presupuesto nacional destine recursos protegidos a salud mental. Fiscalizaré la ejecución de cada sol mediante el examen de la Cuenta General de la República. Y ejerceré control riguroso sobre los decretos de urgencia que puedan afectar el financiamiento o la implementación de programas de salud mental. Usaré cada una de estas facultades constitucionales para garantizar que la promesa de la Ley de Salud Mental se cumpla en cada rincón del país.
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Excelente artículo, análisis y propuestas viables de la Candidata al Senado Cecilia Villanueva sobre la salud mental y en efecto, la salud mental no es un lujo.