Salud Mental y Envejecimiento Digno

Garantizar la salud mental y envejecimiento digno no es una opción caritativa, sino un mandato constitucional que el Estado peruano ha postergado por décadas. Durante mi trayectoria como psicóloga y gestora de políticas públicas, he recorrido las zonas más vulnerables de nuestro país, desde Huacrachuco hasta Andahuaylas, observando una realidad dolorosa: miles de adultos mayores enfrentan el final de sus vidas en el olvido absoluto. No podemos llamar desarrollo a un crecimiento económico que ignora el sufrimiento emocional de quienes construyeron nuestra nación.

En el Perú de 2026, la transición demográfica nos pone ante un espejo incómodo. Actualmente, el 44.6% de los hogares peruanos cuenta con al menos una persona adulta mayor, una cifra que crece aceleradamente mientras nuestras instituciones parecen detenidas en el tiempo. La soledad no deseada y el abandono se han convertido en epidemias silenciosas que destruyen la psique de nuestros abuelos. Mi compromiso como Senadora es usar la facultad revisora para que ninguna ley de protección social sea un simple papel decorativo.

Diagnóstico situacional: La crisis de salud mental y envejecimiento digno

Cifras que exigen una revisión urgente

Los datos oficiales del INEI y el Ministerio de Salud muestran un panorama crítico. Para el año 2024, los establecimientos de salud atendieron más de 45,000 casos de depresión diagnosticada exclusivamente en adultos mayores. Sin embargo, sabemos que el subregistro es masivo, especialmente en zonas rurales donde la tasa de depresión puede alcanzar hasta un 40.7% en comunidades quechuahablantes del Valle Sagrado. La falta de pertinencia cultural en la atención es una barrera que condena al aislamiento.

Además, el incremento de las demencias es alarmante. Entre 2021 y 2024, los casos atendidos por Alzheimer aumentaron en un 124%, llegando a más de 18,000 diagnósticos formales. Esta "proporción epidémica" somete a una presión extraordinaria a los cuidadores familiares, en su mayoría mujeres, quienes desarrollan el "síndrome del cuidador quemado" ante la ausencia de un Sistema Nacional de Cuidados robusto y profesionalizado. La salud mental y envejecimiento digno dependen directamente del soporte que brindemos a estas familias.

Factores de riesgo y vulnerabilidad estructural

La salud emocional en la vejez no es solo un tema biológico; es el resultado de determinantes sociales. Ser mujer, carecer de instrucción formal o vivir en pobreza monetaria duplica el riesgo de padecer trastornos afectivos. Asimismo, el 26.9% de los hogares jefaturados por adultos mayores son unipersonales. Esto significa que más de un cuarto de nuestra población mayor vive en soledad absoluta, factor de riesgo primordial para el deterioro cognitivo acelerado y la ideación suicida.

Desde mi experiencia en FONCODES y supervisando programas sociales en zonas de extrema pobreza, he visto cómo la brecha digital profundiza esta exclusión. Más del 53% de los adultos mayores no tiene acceso a internet, quedando fuera de servicios de telesalud y redes de comunicación familiar. Esta desconexión no es un fenómeno neutro; es una forma de violencia sistémica que atenta contra el bienestar emocional y la autonomía funcional de la persona mayor.

Mi función en el Senado por la salud mental y envejecimiento digno

Como Senadora Nacional, mi rol no será presentar promesas populistas, sino ejercer el control normativo y presupuestal que el nuevo sistema bicameral exige. El Senado es la cámara de reflexión y revisión, y desde allí garantizaré que cada sol destinado a la población vulnerable se traduzca en servicios reales. Mi plan de acción se basa en tres pilares de fiscalización y revisión técnica:

Pilar 1: Revisión técnica de leyes de salud y protección social

Revisaré minuciosamente cada proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados referido al presupuesto de salud mental. Mi facultad como Senadora me permite actuar como un filtro de calidad para evitar leyes sin sustento técnico. Me aseguraré de que las normas que lleguen a mis manos contemplen la descentralización de los 292 Centros de Salud Mental Comunitaria, garantizando que tengan presupuesto protegido para gerontología y psiquiatría de enlace.

Asimismo, fiscalizaré que la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030 deje de ser una lista de buenas intenciones. Exigiré que el MINSA y el MIMP entreguen información estadística oportuna y real. No permitiré que el Estado siga reportando "avances" basados en estimaciones internas mientras las brechas de atención en la sierra y selva siguen superando el 80%.

Pilar 2: Control de Decretos y fiscalización presupuestal estratégica

Desde la Comisión Bicameral de Presupuesto, ejerceré un control riguroso sobre el Programa Presupuestal 0131 (Prevención y Control en Salud Mental). En 2025, la ejecución física de metas apenas alcanzó el 21.7% a pesar de tener fondos asignados. Esto es inaceptable. Como Senadora, fiscalizaré la Cuenta General de la República para identificar dónde se estanca el dinero y sancionar la ineficiencia administrativa de los Gobiernos Regionales.

Además, controlaré la constitucionalidad de los Decretos de Urgencia que afecten la seguridad social y los sistemas de pensiones. La salud mental y envejecimiento digno están ligados a la tranquilidad económica. Por ello, supervisaré que los reajustes en las escalas de pensiones del DL 19990 y 20530 sean sostenibles y lleguen efectivamente a los jubilados, reduciendo el estrés financiero que hoy carcome su bienestar emocional.

Pilar 3: Ratificación de funcionarios y vigilancia de derechos humanos

El Senado tiene la función exclusiva de designar al Defensor del Pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional. Usaré mi voto para asegurar que estos altos funcionarios tengan un compromiso probado con los derechos humanos de las personas adultas mayores. Vigilaré, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que los Centros de Atención Residencial (CARPAM) públicos y privados no se conviertan en espacios de maltrato institucional o medicalización forzada.

Fiscalizaré el cumplimiento de la Resolución Ministerial N.° 842-2025-MINSA sobre el Plan Nacional contra el Alzheimer. Como Senadora, exigiré rendición de cuentas a los ministros sobre el soporte psicoterapéutico a cuidadores. La salud mental de quienes asumen el cuidado es el eslabón más frágil de la cadena, y el Estado debe garantizarles capacitación y descanso mediante normativas modernas y fiscalizadas.

Esperanza y acción: El Perú que construiremos juntos

Imaginamos un país donde envejecer no sea un motivo de miedo, sino una etapa de plenitud y respeto. Mi visión para el periodo 2026-2031 es un Perú donde el enfoque de salud mental y envejecimiento digno sea transversal a todas las políticas de Estado. Un país donde un abuelo en Atalaya reciba atención en su lengua originaria y donde la Red Amachay funcione como un escudo protector real en cada distrito del territorio nacional.

Soy Cecilia Villanueva Oshiro, y cuento con 15 años de experiencia técnica en gestión pública. Mi compromiso es servir al Perú con la firmeza de quien conoce el sistema desde dentro y la empatía de quien ha trabajado en el campo. No vengo a aprender, vengo a aplicar mi conocimiento para que el Senado sea el ancla de estabilidad y justicia que nuestros adultos mayores merecen.

Cecilia Villanueva Oshiro Candidata al Senado Nacional #28 por Fuerza Popular