Un Psicólogo en Cada Comunidad

Un psicólogo en cada comunidad no es una consigna ni una promesa legislativa, sino una necesidad concreta que hoy debe ser abordada desde la responsabilidad institucional del Estado. Durante años de trabajo en el territorio, especialmente en procesos de capacitación docente en zonas rurales y urbano-marginales, he sido testigo de una realidad persistente: comunidades enteras que enfrentan violencia, ansiedad, depresión y abandono sin ningún acompañamiento profesional en salud mental.

En muchas escuelas, los docentes asumen un rol que no les corresponde: contener emocionalmente a niños y adolescentes que llegan cargando historias de maltrato, duelo o desesperanza. Esta sobrecarga no es resultado de negligencia individual, sino de una ausencia estructural del Estado en el primer nivel de atención.

La consecuencia es clara: ocho de cada diez personas que requieren atención en salud mental no acceden a ella. No porque no la busquen, sino porque el servicio no está disponible donde viven. Esta brecha territorial es el núcleo del problema y debe ser evaluada con seriedad desde el Congreso.

El problema en cifras: una crisis silenciosa y persistente

Las cifras oficiales revelan la magnitud del desafío. Más de 1.3 millones de atenciones por trastornos mentales se registraron en un solo año. Estos números, lejos de reflejar una cobertura adecuada, evidencian una demanda creciente que el sistema no logra absorber de manera oportuna.

Los casos de ansiedad superan los 244,000 registros, mientras que la depresión alcanza más de 177,000 atenciones. A ello se suman cifras igualmente alarmantes vinculadas al maltrato, que superan los 177,000 casos. En la población infantil y adolescente, los trastornos emocionales, conductuales y del desarrollo psicológico superan conjuntamente los 370,000 casos anuales.

Estas cifras no pueden analizarse solo como indicadores sanitarios. Reflejan fallas en prevención, detección temprana y acompañamiento comunitario. Desde el Senado, corresponde examinar si las políticas públicas aprobadas están respondiendo efectivamente a esta realidad.

El rol del Senado Nacional frente a la salud mental comunitaria

En el marco del sistema bicameral, el Senado Nacional cumple un rol específico y distinto al de la Cámara de Diputados. El senador no presenta proyectos de ley ordinarios, pero sí tiene la responsabilidad de revisar, aprobar, modificar o rechazar las normas que le son remitidas, además de ejercer funciones de fiscalización y control político.

Esto implica que toda iniciativa relacionada con la presencia de profesionales de la salud mental en comunidades será evaluada por el Senado bajo criterios de constitucionalidad, viabilidad presupuestal y coherencia con las necesidades reales del país.

PILAR 1: Revisión técnica de normas sobre el primer nivel de atención

Cuando la Cámara de Diputados remita al Senado normas vinculadas a la organización del primer nivel de atención en salud, será responsabilidad del Senado analizar si dichas disposiciones garantizan efectivamente la presencia de profesionales de la salud mental en comunidades rurales, urbanas y zonas vulnerables.

Esta revisión técnica implica evaluar si las normas corrigen vacíos existentes, si fortalecen la atención preventiva y si responden a la evidencia disponible sobre la importancia de la intervención temprana en salud mental. El Senado debe evitar que se aprueben marcos normativos que, en la práctica, permitan la exclusión de comunidades enteras del acceso a atención psicológica.

Asimismo, corresponde verificar que las normas no generen cargas administrativas innecesarias ni soluciones meramente declarativas, sino que establezcan mecanismos claros de implementación que luego puedan ser fiscalizados.

PILAR 2: Fiscalización de las condiciones laborales y del servicio

Una atención en salud mental sostenible requiere profesionales con condiciones laborales adecuadas. Si bien el Senado no define directamente los regímenes laborales, sí tiene la función de fiscalizar cómo se ejecutan las políticas aprobadas.

Desde esta perspectiva, el control político incluye examinar la estabilidad del personal, la continuidad de los servicios y la capacidad real de los establecimientos para brindar atención psicológica permanente. La fiscalización se ejerce mediante pedidos de información, citaciones a ministros y evaluación de informes sectoriales.

Un sistema que precariza a sus profesionales termina debilitando la atención a la población. Por ello, el Senado debe vigilar que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo no contradigan los objetivos de cobertura y calidad en salud mental.

PILAR 3: Control presupuestal y seguimiento de la ejecución

El presupuesto público es una de las principales herramientas de política pública. A través de la Comisión Bicameral de Presupuesto, el Senado revisa, aprueba o rechaza el presupuesto anual y supervisa su ejecución.

En el caso de la salud mental comunitaria, el rol del Senado es verificar que los recursos asignados se ejecuten efectivamente en el primer nivel de atención y no queden concentrados en niveles especializados o subejecutados.

Asimismo, corresponde supervisar la Cuenta General de la República para identificar desviaciones, ineficiencias o incumplimientos que expliquen la persistente ausencia de profesionales en comunidades que los necesitan con urgencia.

Compromiso desde el Senado Nacional

Como candidata a Senadora Nacional, mi compromiso es ejercer con responsabilidad las funciones que la Constitución asigna al Senado: revisar con rigor técnico, fiscalizar con firmeza y controlar el uso de los recursos públicos.

La salud mental exige decisiones responsables, seguimiento constante y rendición de cuentas. Desde el Senado, el trabajo no será prometer soluciones inmediatas, sino asegurar que las políticas aprobadas realmente lleguen a cada comunidad.